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Estudio de Capgemini: la COVID-19 deja al descubierto los problemas de la brecha digital

La gran brecha digital: por qué digitalizar a los excluidos debería ser una prioridad global

Los sectores tanto público como privado deben actuar ya conjuntamente para facilitar el acceso a servicios digitales críticos, combatir la exclusión social y facilitar las oportunidades profesionales de la población desconectada.

egún el estudio más reciente del Instituto de Investigación de Capgemini, urge en el mundo la necesidad de poner fin a la brecha digital que existe entre la población conectada y la población desconectada, una necesidad que se ha acentuado de forma significativa con la pandemia de la COVID-19. El informe publicado hoy pone de relieve que la responsabilidad de abordar la exclusión social digital corresponde, a partes iguales, al sector público y al privado, que deben unirse para garantizar el acceso a servicios esenciales del que hoy carecen las personas digitalmente marginadas. 

El estudio, titulado The Great Digital Divide: Why bringing the digitally excluded online should be a global priority, pone de manifiesto que, incluso antes de la pandemia, el 69% de las personas sin acceso a Internet vivía en la pobreza y que el 48% de la población desconectada deseaba acceso a Internet, cifras que seguramente habrán crecido como consecuencia de la situación mundial de los últimos meses.

El informe subraya también que, incluso sin la situación de pandemia, en la brecha digital confluyen factores de edad, renta y experiencia: cerca del 40% de las personas desconectadas consultadas que viven en situación de pobreza no ha utilizado nunca Internet por su coste, y el grupo de edad con la mayor proporción de personas sin conexión es el de edades comprendidas entre 18 y 36 años (43%). La complejidad de uso de Internet (36%) y una aparente “falta de interés” por el “miedo al uso” (38%) son también causas citadas por algunos segmentos de la población desconectada. Todo esto significa que hay personas que no pueden acceder a servicios públicos, como, por ejemplo, la información sanitaria crítica, que cada vez más administraciones públicas la proporcionan casi exclusivamente por medios digitales.

La COVID-19 ha impuesto un cambio en la forma en que la gente vive, trabaja y se relaciona; a medida que crece el desempleo y las personas quedan aisladas de sus comunidades, tener un nivel básico de inclusión digital se ha convertido en algo universalmente imprescindible. Realizado justo antes del brote de la pandemia, las conclusiones del estudio se vuelven más pertinentes aún en el contexto actual, pues la dependencia cada vez mayor de los servicios digitales agrava una situación que ya era preocupante para la población desconectada.

Estas son las principales conclusiones del informe:

La desconexión digital conduce a la exclusión social e impide el acceso a servicios públicos

  • La falta de acceso a Internet puede provocar sentimientos de aislamiento, inferioridad o soledad: el 46% de los consultados sin acceso a Internet afirma que se sentirían más conectados a los amigos y familiares si tuvieran acceso a la red.
  • Solo el 19% de las personas desconectadas en situación de pobreza responde haber solicitado algún tipo de ayuda pública en los últimos 12 meses por su nivel de ingresos, edad, discapacidad u otros factores. Según el informe, esto podría resultar problemático dado el creciente desarrollo de los trámites públicos por la vía electrónica y la prevalencia cada vez mayor de los servicios públicos por medios telemáticos.
  • El 34% manifiesta interés por el uso de Internet para solicitar prestaciones públicas como vivienda, alimentos y asistencia sanitaria.

La exclusión digital limita la movilidad laboral

La dificultad de buscar trabajo en Internet y la falta de acceso a recursos electrónicos de formación y aprendizaje pueden ser un obstáculo para la movilidad laboral de la población desconectada, mientras que la falta de desarrollo de competencias digitales puede acabar con la posibilidad de promoción:

  • El 44% de los encuestados cree que podrían encontrar trabajos mejor remunerados y obtener formación si tuvieran acceso a Internet.
  • En general, el 29% de los encuestados desearía poder buscar y solicitar puestos de trabajo por Internet; esta cifra sube hasta el 41% para el grupo de edad entre 22 y 36 años.

La brecha digital conlleva también desigualdad en competencias y aprendizaje

La brecha digital no tiene que ver solo con el acceso, sino que se trata también de desigualdad en las oportunidades de mejorar las competencias y de aprender. Con la mejora de sus competencias digitales, responden los encuestados, podrían formarse mejor y encontrar un trabajo mejor remunerado (35%), ofrecer a sus hijos más oportunidades (34%), llegar bien a fin de mes (33%) y obtener prestaciones públicas a las que actualmente no acceden (32%).

La responsabilidad de eliminar la brecha digital debe ser compartida

El estudio de Capgemini señala que la responsabilidad de la inclusión digital y el acceso a Internet no puede recaer solo en una parte. Las organizaciones privadas deben reflexionar sobre su papel en el mundo actual. Cada vez más comprometidas —con todos sus públicos de interés, como empleados, clientes, comunidades…—, las empresas han de buscar, con mayor amplitud de miras, la forma de beneficiar a la sociedad a largo plazo mediante la incorporación de la inclusión digital y la igualdad en sus estrategias empresariales. Por su parte, los Gobiernos y el sector público deben desempeñar una función principal en la ampliación del acceso y la disponibilidad de Internet, especialmente para las comunidades marginadas. Este objetivo puede abordarse en dos niveles —acceso a internet en espacios públicos y acceso privado dentro del hogar— pero, en definitiva, significa conseguir una mayor accesibilidad de las personas a los servicios públicos electrónicos y asumir la responsabilidad de mantener bajos los costes para los consumidores.

Juntos, organizaciones privadas y reguladores, deben trabajar para construir una comunidad global de acción en el campo de la inclusión digital, desde la cual movilizar a otros miembros de sus sectores, ONG, el mundo académico y administraciones públicas para promover políticas de inclusión digital a través, por ejemplo, de proyectos pro bono que se sirvan de sus conocimientos y experiencia.

“Es probable que la COVID-19 tenga un impacto duradero en el acceso a servicios públicos y en la actitud hacia oportunidades como el teletrabajo, por lo que las organizaciones que trabajan en la eliminación de la brecha digital tienen la responsabilidad colectiva de hacerlo de forma que genere un cambio duradero, no solo una solución para salir del paso”, afirma Lucie Taurines, responsable mundial de Inclusión Digital de Capgemini. “Finalizada la pandemia, creemos que se constará una reducción de la desigualdad en materia tecnológica; por ejemplo, personas mayores que antes no habían tenido la necesidad de Internet se encontrarán rápidamente manejando herramientas digitales para comunicarse con otras personas y para realizar compras. Pero esta situación solo se dará entre las personas que, teniendo acceso a Internet, hasta ahora habían preferido no utilizarlo. Donde se notará el impacto será entre aquellas personas que siguen sin poder utilizar servicios en Internet, ya sea por un coste excesivamente alto o por falta de conectividad local. Aquí veremos un efecto de polarización, especialmente para las personas que ya viven en el umbral o por debajo del umbral de la pobreza”.

Para más información sobre el programa global de RSC de Capgemini y la iniciativa de inclusión digital, visite la página específica aquí.

Para leer el estudio completo, haga clic aquí.

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